OTRA SENTENCIA REPOSICION CAS

EXPEDIENTE N°: 01041-2008-0-2601-JR-CI-02
MATERIA : ACCION DE AMPARO
RELATOR : JIMMY CORONADO BALLADARES
DEMANDADO : SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA - SENASA ,
:PROCURADOR PUBLICO ADJUNTO A CARGO DE LOS
ASUNTOS JUDICIALES DEL MINISTERIO DE
AGRICULTURA ,
DEMANDANTE : SALAZAR BURGA, OBER ADRIAN
RESOLUCIÓN NÚMERO: DIECIOCHO
Tumbes, veintiséis de noviembre
del dos mil nueve.---------------------
VISTOS; En audiencia pública del día de la fecha; Viene
en grado de apelación la resolución número nueve, de fecha veinticinco de agosto del
dos mil nueve, que declara Fundada la Demanda Constitucional de Amparo, interpuesta
por Ober Adrián Salazar Burga, contra el Servicio Nacional de Sanidad Agraria
Tumbes y el Procurador Público Encargado de los Asuntos Judiciales del Ministerio
de Agricultura; en su virtud ordena la reincorporación definitiva del demandante Ober
Adrián Salazar Burga en su puesto de trabajo que se desempeñaba al momento de la
violación de sus derechos constitucionales en la entidad emplazada, como Especialista en
Sanidad Agraria SENASA-TUMBES; apelación concedida con efecto suspensivo a don
Julio Marlon Merodio Llanos, Procurador Público Adjunto a cargo de los Asuntos
Judiciales del Ministerio de Agricultura, mediante resolución número once, de fecha ocho
de setiembre del dos mil nueve corriente a folios trescientos sesenta y tres; y a don Javier
Marchena Cruz, Director Ejecutivo de la Dirección Ejecutiva de SENASA, mediante
resolución número doce, de fecha ocho de setiembre del dos mil nueve, de folios
trescientos setenta y siete; y considerando.----------------------------------------------------------
Uno.- Procurador Público Adjunto a cargo de los Asuntos Judiciales del Ministerio de
Agricultura, en su recurso de apelación argumenta lo siguiente: a).- El Juez no ha tenido en
cuenta que el amparo es un remedio excepcional, porque existe una vía ordinaria
igualmente satisfactoria para la protección del derecho constitucional, no se ha tenido en
cuenta el inciso 2) del artículo 5º de la Ley 28237; b).- No se ha tomado en cuenta que no
es verdadero que haya violación de derecho alguno, siendo para ventilar situaciones de
controversia como en el presente caso, es la vía ordinaria para que en el transcurso de sus
etapas postulatoria, probatoria, decisoria, se pueda declarar y proteger el derecho que
corresponda al demandante, porque los argumentos de la demanda ameritan el
ofrecimiento, admisión, actuación y valoración de medios probatorios, porque en los
procesos constitucionales no existe etapa probatoria conforme dispone el artículo 9º de la
Ley 28237; c).- No ha evaluado el Juzgador que no es cierto que se hayan vulnerado
derechos constitucional al trabajo, porque no existe un vinculo laboral con el actor y mi
representada, los contratos se realizaron bajo la modalidad de locación de servicios, porque
el artículo 62º de la Constitución garantiza la libertad de contratar, por lo que el
demandante se encuentra sujeto a las normas del Código Civil, regulado en el artículo
1764º y siguientes del Código Civil; d).- Con respecto al Contrato Administrativo de
Servicios-CAS, celebrado con el actor, el mismo no tiene relación laboral con el régimen
laboral público ni con el régimen laboral privado, porque son contratos con características
especiales, porque es sui géneris que no genera relación de dependencia, por lo que siendo
una de las causales de extinción de los contratos administrativos el vencimiento del plazo
del contrato es que se dio la conclusión perfecta del contrato; e).- Señala como naturaleza
del agravio porque se esta amparando derechos que no corresponde al demandante, en
aplicación de normas indebidas a los hechos controvertidos, generando un agravio
económico para los intereses del Estado; no señala cual es su pretensión impugnatoria. A
su turno el Director Ejecutivo de la Dirección Ejecutiva de SENASA-Servicio Nacional de
Sanidad Agraria Tumbes; argumenta lo siguiente: a).- Con fecha veinticinco de noviembre
del dos mil ocho se nos notifica la resolución número uno, dentro del plazo otorgado
SENASA solicita nulidad del proceso y la improcedencia de la demanda, la que fue
declarada inadmisible mediante resolución número dos, lo cual nunca nos fue notificado,
tampoco con las resoluciones tres, cuatro, cinco y seis; con resolución siete dio por
cumplido el mandato judicial contenido en la resolución número dos y por apersonado al
proceso a SENASA, y pro señalado el domicilio en la calle Arica Nº 339 de la ciudad de
Tumbes, por lo que el proceso se ha tramitado sin la participación del demandado principal
es decir SENASA, por lo que se ha vulnerado el debido proceso y no e ha permitido ejercer
el derecho de defensa; b).- Se ha vulnerado el principio constitucional a la legítima defensa
contenido en el artículo 2º inciso 239 de la Constitución vigente, en ese sentido la
interdicción de indefensión implica como no puede se de otra manera el que se le informe a
las partes procesales, con anticipación de las actuaciones iniciadas en su contra, de lo
contrario se genera una lesión en perjuicio del precitado derecho, porque este
desconocimiento originó que no podamos efectuar eficazmente los descargos respectivos;
la entidad apelante no señala cual es la naturaleza del agravio que la causa la sentencia,
tampoco señala cual es su pretensión impugnatoria.----------------------------------------------
Dos.- Son fines esenciales de los procesos constitucionales garantizar la primacía de la
Constitución y la vigencia efectiva de los derechos constitucionales; el contenido y alcance
de los derechos constitucionales protegidos por los procesos regulados por el Código
Procesal Constitucional, y debe interpretarse de conformidad con la Declaración Universal
de los Derechos Humanos, los Tratados Sobre los Derechos Humanos, así como de las
decisiones adoptadas por los tribunales internacionales sobre derechos humanos
constituidos según tratados de los que el Perú es parte; los procesos constitucionales tiene
por finalidad proteger los derechos constitucionales, reponiendo las cosas al estado anterior
de la violación de un derecho constitucional o disponiendo el cumplimiento de un mandato
legal o de un acto administrativo. En el caso de autos los hechos y el petitorio están
referidos en forma directa al contenido constitucionalmente protegido del derecho
invocado. Los citados fundamentos se encuentran previstos y regulados en los artículos
dos, tres, y cinco del Código Procesal Constitucional.---------------------------------------------
Tres.- Los procesos constitucionales constituyen un medio procesal constitucional del
ordenamiento jurídico peruano, cuyo objeto específico es hacer real, eficaz y práctica, las
garantías individuales establecidas en la Constitución, buscando proteger a las personas,
respecto de los actos de todas las autoridades u otras personas, cuando violen dichas
garantías. Por ello como lo ha establecido el Tribunal Constitucional, en ningún supuesto
existe la posibilidad de que un Estado limite o elimine la posibilidad de que sus ciudadanos
puedan acceder a un recurso efectivo para la protección de sus derechos fundamentales,
bajo tales consideraciones, para que procedan los procesos constitucionales de amparo, se
requiere que se amenace o viole los derechos constitucionales por acción u omisión, de
actos de cumplimiento obligatorio, por parte de cualquier autoridad, funcionario o
persona; en el caso de autos, los hechos y petitorio invocados en la demanda tienen
consonancia directa con los derechos protegidos por la Constitución.---------------------------
Cuatro.- En el caso de autos el demandante Ober Adrián Salazar Burga con la entidad
demandada, ha suscrito contrato de Locaciòn de Servicios, desde el quince de febrero del
dos mil siete hasta el quince de agosto del mismo año; luego del quince de agosto hasta el
treinta y uno de diciembre del dos mil siete, otro del uno de enero hasta el treinta y uno del
mismo mes, luego en forma mensual hasta el treinta y uno de junio del dos mil siete, tal
como se advierte de los contratos corriente de folios tres a folios veintisiete; luego entre los
justiciables suscriben el Contrato Administrativo de Servicios, con vigencia del uno de
julio hasta treinta y uno de agosto del dos mil ocho, cuyo contrato corre de folios
veintisiete a veintinueve; también se advierte que el demandante con la demandada han
suscrito contratos de locación de servicios desde el uno de mayo del dos mil tres hasta el
mes de febrero del dos mil seis, pero no en forma continuada; de la valoración de los
medios probatorios obrantes de folios cincuenta y uno a folios doscientos cuarenta y ocho,
se advierte lo siguiente: El demandante ha emitido informes efectuados en comisión del
servicio, actividades de vigilancia y cuarentena , control de beneficio supervisado en los
camales municipales de Tumbes y Corrales, inspección de cueros y equinos de descarte,
desinfección, destrucción de mercancías pecuarias, prevención y control de rabia de los
herbívoros, inspección de establecimientos de productos y alimentos para uso veterinario,
actividades de vigilancia zoosanitaria, control de hatos ganaderos y charlas de
capacitación; conforme se acredita con la documentación sustentatoria correspondiente,
los que corren de folios cincuenta y siete a doscientos cuarenta y dos, habiendo efectuado
funciones que son propias y permanentes de la entidad demanda, y los trabajos realizados
de naturaleza personal y no de locación de servicios. Con la abundante documentación
antes indicada, se acredita en forma indubitable que la relación laboral del demandante con
la demandada ha sido de natural personal y no de locación de servicios; siendo de
aplicación el principio de primacía de la realidad, lo que significa en caso de discordancia
entre lo que ocurre en la práctica y lo que surge de los documentos o acuerdos, debe darse
preferencia a lo primero; en nuestro país se trata de un principio plenamente aceptado por
la doctrina jurisprudencial, ha sido precisamente la jurisprudencia de los tribunales de
justicia (laborales) la que ha dado carta de ciudadanía a dicho principio; en estricto, de lo
que se trata es de prevenir el fraude en la relación laboral; el espacio por excelencia de
aplicación del principio de primacía de la realidad ha sido para develar el ocultamiento de
verdaderas relaciones de trabajo, utilizando para ello contratos de naturaleza civil o
mercantil (locación de servicios y comisión mercantil), cuando en la practica se realiza
funciones de naturaleza laboral; por lo que en el caso de autos, al haberse despido al
demandante sin causa justificante y ejecutado en forma inmediata, se ha violado los
derechos constitucionales invocados por el demandante en su escrito de demanda.-----------
Cinco.- Del escrito de demanda de folios doscientos cuarenta y tres y siguientes, el
petitorio no solo contiene la pretensión destinada a que se le reponga en su puesto de
trabajo en el cargo de especialista en sanidad agraria, por violación de sus derechos
constitucionales al trabajo y a la protección adecuada contra el despido arbitrario, sino
también acumulativamente el abono de las remuneraciones dejadas de percibir; sobre esta
última pretensión el demandante no ha acompañado medios probatorios que posibiliten
determinar el monto de sus remuneraciones en forma indubitable, además para establecer
esta pretensión es necesario el correspondiente contradictorio donde se le brinde la
oportunidad a la entidad demandada para que aporte los medios probatorios sobre el
cumplimiento de sus obligaciones laborales frente al trabajador, situación que debe
dilucidarse en una vía procesal donde se establezca etapa probatoria; por lo que en este
sentido resulta improcedente la vía constitucional del amparo por existir vías
procedimentales específicas, igualmente satisfactorias, para la protección del derecho
constitucional amenazado o vulnerado, tal como dispone el inciso 2) del artículo 5º
Código Procesal Constitucional Ley Nº 28237; dejando a salvo su derecho para que lo
haga valer conforme corresponde.---------------------------------------------------------------------
Por estas consideraciones, al amparo de las normas invocadas en la presente
resolución y los propios fundamentos de la recurrida; CONFIRMARON número nueve,
de fecha veinticinco de agosto del dos mil nueve, que declara Fundada la Demanda
Constitucional de Amparo, interpuesta por Ober Adrián Salazar Burga, contra el
Servicio Nacional de Sanidad Agraria Tumbes y el Procurador Público Encargado de
los Asuntos Judiciales del Ministerio de Agricultura; en su virtud ordena la
reincorporación definitiva del demandante Ober Adrián Salazar Burga en su puesto de
trabajo que se desempeñaba al momento de la violación de sus derechos constitucionales
en la entidad emplazada, como Especialista en Sanidad Agraria SENASA-TUMBES u otro
similar; con los demàs que contiene; INTEGRANDOLA declararon IMPROCEDENTE
la demanda en el extremo que solicita Pago de Remuneraciones Dejadas de Percibir,
dejando a salvo su derecho para que lo haga valer conforme a ley. Interviniendo como
Vocal ponente el señor Valencia Hilares. Señores Jueces Superiores: Vizcarra Tinedo,
Valencia Hilares y Maqui Vera. Secretaria: Luz V. Arreategui Calle

UNA SENTENCIA DE REPOSICION DE CAS

8°Juzgado Constitucional de Lima.

El juez y su personal le recuerda: una recta administración de justicia es tarea de todos. Nadie debe ofrecer dádivas y usted debe denunciar al que lo pide.

Expediente : 50138-09.-

Juez : ANDRES TAPIA GONZALES

Demandante : FERNANDO ROJAS ROBLES.-

Demandado : PODER JUDICIAL.-

Materia : PROCESO DE AMPARO

SENTENCIA.-

RESOLUCION NUMERO TRES.-

Dada en Lima, al veintinueve de enero

de dos mil diez.-

VISTOS:

A.- PETITORIO: Resulta de autos que mediante escrito de fojas 61 al 68, FERNANDO ROJAS ROBLES interpone PROCESO DE AMPARO contra PODER JUDICIAL, a efectos que:

1) Se restituya su derecho al trabajo, al haberse vulnerado la protección adecuada contra el despido arbitrario.

2) Se paguen las costas y costos del proceso.

B.- FUNDAMENTOS DE HECHO DE LA DEMANDA: Fundamenta su demanda, en los siguientes hechos:

1) Señala que ingresó a laborar al Poder Judicial, el 31 de Enero del 2003, mediante Concurso Público de Méritos, bajo la modalidad contractual de servicios No Personales, en el cargo de agente de resguardo del Poder Judicial, con una remuneración mensual de S/. 950.00 Nuevos Soles y que posteriormente fue modificada a la suma de S/. 1,600.00 Nuevos Soles, en el cargo de supervisor, siempre bajo la dependencia y control de sus jefes superiores.

2) Indica que el primero de enero del año 2009, se modificó su relación contractual sujetándose a las cláusulas del Contrato Administrativo de Servicios – CAS, violentándose sus derechos constitucionales protegidos, como es el derecho a percibir una gratificación en los meses de Julio y Diciembre, a gozar de 30 días de vacaciones y el pago de la Compensación de Tiempo de Servicios, entre otros derechos.

3) Manifiesta que mes a mes se ampliaba el contrato del CAS, sin embargo, el 30 de Octubre del año próximo pasado, se suspendió su vínculo laboral sin motivación alguna.

4) Refiere, asimismo que el demandante interpuso ante el 19º Juzgado de Trabajo de Lima, una demanda de incumplimiento de disposiciones y normas laborales y que se encuentra en audiencia única, indica que, con ello pretende demostrar que su despido fue producto de una represalia de la institución y específicamente de los jefes que dirigen la Oficina de Seguridad y Resguardo Interno del Poder Judicial.

5) Concluye señalando que la extinción unilateral de la relación laboral, fundada exclusivamente en la voluntad del empleador, se encuentra afectada de nulidad cuando se produce con violación de los derechos fundamentales de la persona, es por ello que solicita su reposición al cargo de agente de seguridad con el pago de las remuneraciones dejadas de percibir, con la sanción del pago de intereses legales, costas y costos.

Fundamenta jurídicamente su pretensión, en lo dispuesto por los artículos 24º, 27º y 139º de la Constitución Política del estado, incisos 10) y 20) del artículo 37º del Código Procesal Constitucional y el Precedente Vinculante recaido en el expediente 206-2005-PA/TC y Tratados Internacionales.

C.- TRAMITE: Admitida la demanda mediante resolución número uno, de fecha diecisiete de diciembre del año dos mil nueve, de fojas 69 a 70, se corrió traslado a la demandada para que la conteste en el término de ley.

C.1.- CONTESTACION DE LA DEMANDA POR PARTE DEL PROCURADOR PÚBLICO ADJUNTO AD HOC EN PROCESOS CONSTITUCIONALES A CARGO DE LA PROCURADURÍA PÚBLICA DEL PODER JUDICIAL (fojas 76 - 80): La entidad demandada, procede a contestarla demanda, negándola y contradiciéndola, en los siguientes términos:

1) Indica que, conforme fluye de la lectura del Contrato Administrativo de Servicios (CAS), “El empleador podrá resolver el contrato cuando estime conveniente a sus intereses sin expresión de causa.”, lo cual el demandante tenía pleno conocimiento del contenido contractual, habiendo plasmado su conformidad con la suscripción del mencionado documento.

2) Indica que el Proceso de Amparo tiene carácter subsidiario y para que se otorgue tutela jurídica en la misma es necesario que concurran algunos requisitos como: a) la existencia de derechos constitucionales violados o amenazados de violación; b) hechos u omisiones realizados por cualquier autoridad, funcionario o persona que vulnere o amenace derechos constitucionales y c) la relación directa entre el hecho y la omisión que viole o amenace derechos constitucionales.

3) Concluye señalando que se debe de tener en cuenta que el Tribunal Constitucional, en el expediente número 206-2005-AA/TC, que establece que deberá de declararse improcedente el proceso de amparo cuando existan vías procedimentales específicas igualmente satisfactorias para la protección del derecho invocado.

Por resolución número dos, de fecha veinticinco de enero último, se tuvo por contestada la demanda y se dispuso expedir sentencia, la misma que se expide en los siguientes términos:

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Objeto de las Acciones de Garantía: Que, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 200º inciso segundo de la Constitución Política del Estado, concordante con los artículos 1º y 2º del Código Procesal Constitucional, la finalidad de las Acciones de Garantía es la de proteger los derechos constitucionales, reponiendo las cosas al estado anterior a la violación o amenaza de violación de un derecho constitucional, o disponiendo el cumplimiento de un mandato legal o de un acto administrativo, asimismo, proceden, dichas acciones, cuando se amenace o viole los derechos constitucionales, por acción u omisión de actos de cumplimiento obligatorio, por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona. Asimismo, el Proceso de Amparo procede contra el hecho u omisión, por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona, que vulnera o amenaza los demás derechos reconocidos por la Constitución, con excepción del derecho fundamental a la libertad o conexos a éste;

SEGUNDO: Términos de la demanda: mediante escrito de fojas 61 al 68, FERNANDO ROJAS ROBLES interpone PROCESO DE AMPARO contra PODER JUDICIAL, a efectos que:

1) Se restituya su derecho al trabajo, al haberse vulnerado la protección adecuada contra el despido arbitrario.

2) Se paguen las costas y costos del proceso.

TERCERO: Análisis de la situación jurídica de la relación contractual del demandante con el demandado: al respecto, de autos se advierte lo siguiente:

a) De la copia del certificado de trabajo de fojas ocho, emitido por el Gerente de Personal y Escalafón Judicial del Poder Judicial, se acredita que el demandante FERNANDO ROJAS ROBLES, prestó servicios al Poder Judicial, bajo la modalidad de servicios No Personales, desde el 31 de Enero del año 2003 hasta el 31 de Diciembre del año 2008.

b) De la copia la constancia de fojas nueve, emitida por el Gerente de Administración y Finanzas del Poder Judicial, se acredita que el demandante FERNANDO ROJAS ROBLES, prestaba servicios, para la entidad demandada, desde el 01 de Enero del 2009, bajo la modalidad de Contrato Administrativo de Servicios (CAS).

c) De las copias simples de los recibos por honorarios profesionales, que corren en autos, de fojas 10 al 46, se acredita que el demandante giraba, en forma mensual, dichos recibos, para el cobro de sus retribuciones.

d) De las copias de los documentos denominados: “conformidad de servicios” a favor del demandante FERNANDO ROJAS ROBLES, que corren en autos de fojas 47 al 55, se acredita que el actor desempeñaba los siguientes cargos: agente de seguridad de las sedes judiciales del Poder Judicial, operador del Centro de Control.

e) De la copia de la solicitud de permiso dirigido al Supervisor de Protección Interna de las Salas y Juzgados Penales del Centro Penitenciario “Miguel Castro Castro”, que corre a fojas 58, se acredita que el demandante FERNANDO ROJAS ROBLES, se encontraba en una situación de subordinación respecto a la entidad demandada.

CUARTO: Que, es necesario aplicar la sentencia vinculante expedida por el Tribunal Constitucional en el expediente Nº 026-2005-PA/TC pues establece los criterios de procedibilidad de la demandas de amparo en materia laboral individual de régimen privado y público, todo ello para efectos de sustentar que el amparo es la vía idónea en el presente caso de despido incausado y reposición en el puesto, pues su fundamento octavo señala:

“Respecto al despido sin imputación de causa, la jurisprudencia es abundante y debe hacerse remisión a ella para delimitar los supuestos en los que el amparo se configura como vía idónea para reponer el derecho vulnerado. En cuanto al despido fraudulento, esto es, cuando se imputa al trabajador hechos notoriamente inexistentes, falsos o imaginarios, o se le atribuye una falta no prevista legalmente, sólo será procedente la vía del amparo cuando el demandante acredite fehaciente e indubitablemente que existió fraude, pues en caso contrario, es decir, cuando haya controversia o duda sobre los hechos, corresponderá a la vía ordinaria laboral determinar la veracidad o falsedad de ellos”.

QUINTO: Análisis del caso: Revisado los documentos señalados en el tercer considerando, se concluye lo siguiente:

Vínculo real entre las partes: no obstante lo manifestado por la parte demandada, en su contestación de demanda, se advierte de autos que en realidad, la relación contractual del demandante ha sido desnaturalizado, puesto que se ha pretendido simular la contratación de locación de servicios y Contrato Administrativo de Servicios (CAS), cuando en realidad, el demandante en toda su relación laboral, desempeñó una actividad de naturaleza laboral, habiéndose acreditado la existencia de simulación en la relación contractual, éste debe de ser considerado como de duración indeterminada, conforme lo establece el inciso d) del artículo 77º del Decreto Supremo número 003-97-TR, consecuentemente, habiéndose despedido a la demandante sin expresarle causa alguna derivada de su conducta o capacidad laboral que la justifique, resulta que se ha vulnerado el derecho constitucional al trabajo del demandante.

Abona a favor de la actora que, de autos fluye que en la práctica la empleadora encubre una relación laboral bajo la apariencia de relaciones contractuales de naturaleza civil y administrativa. Ante dicha situación, el Tribunal Constitucional en reiterada jurisprudencia, ha hecho uso del principio de primacía de la realidad, cuya aplicación tiene como consecuencia que “(...) en caso de discordancia entre lo que ocurre en la práctica y lo que fluye de los documentos, debe darse preferencia a lo primero; es decir, a lo que sucede en el terreno de los hechos” (STC N.° 1944-2002-AA/TC; fundamento 3).

Estando a los medios probatorios glosados, se advierte que la pretensión de la parte actora FERNANDO ROJAS ROBLES debe ser amparada.

SEXTO: Se concluye de todo lo expuesto que Las relaciones contractuales sub-materia correspondientes a la actora fueron formalmente de duración determinada pero sin embargo aplicando el principio de primacía de la realidad, se ha concluido que en realidad hubo una simulación en la relación contractual, de suyo que, como ya se precisó, todos estos contratos deben ser considerados de duración indeterminada, conforme lo establece el inciso d) del artículo 77) del Decreto Supremo Nº 003-97-TR.

SÉPTIMO: Habiéndose amparada la pretensión principal, corresponde también se ampare la pretensión de pago de costos de conformidad con el artículo 56º del Código Procesal Constitucional.

OCTAVO: Que, por estas consideraciones, obrando con criterio de conciencia, administrando Justicia a nombre de la Nación y estando a lo dispuesto por el inciso quinto del artículo 139º de la Constitución Política del Estado:

FALLO:

I.- Declarando FUNDADA la demanda de AMPARO de fojas 61 al 68, interpuesta por FERNANDO ROJAS ROBLES sobre PROCESO DE AMPARO contra PODER JUDICIAL.

II.- ORDENO: que la entidad demandada PODER JUDICIAL cumpla con reincorporar al demandante en el cargo que desempeñaba antes de la violación de sus derechos constitucionales o en otro de igual nivel o categoría, entendiéndose que su relación laboral es de plazo indeterminado sujeto al régimen de la actividad privada, propio de la entidad demandada,.

III.- ORDENO: que la demandada abone a la actora los costos del proceso en la etapa de ejecución de sentencia.

IV.- Medidas de mejor atención y anticorrupción: habiéndose dispuesto publicitar las medidas de mejor atención a los abogados y litigantes así como las medidas anticorrupción, adjúntese a la notificación de la presente resolución: a) el formato que lo contiene diseñado por el Juzgado y b) la Resolución Administrativa N° 195-2007-CED-CSJLI-PJ del Plan Piloto de Reforma de Despacho, lo que tendrá en cuenta el señor notificador.

Notifíquese y cúmplase.

RELACION LABORAL Y CAS

COMO RECONOCER LABORAL A LOS CAS Y DEMAS PERSONAL
1. El trabajo, en sus diversas modalidades, es objeto de atención prioritaria por el Estado como dispone nuestra Constitución, imponiendo el mandato de que ninguna relación laboral puede limitar el ejercicio de los derechos constitucionales, ni desconocer o rebajar la dignidad del trabajador.
2. Para que la prestación personal remunerada se encuentre dentro del Derecho del trabajo es necesario que dicha prestación sea de tipo laboral, es decir, que se encuentre presente los elemento subordinación, prestación personal de servicios y remuneración, las que desarrollaremos posteriormente.
Ahora a efectos de calificar una relación contractual como de naturaleza laboral, debemos uno de los principios rectores del Derecho del trabajo denominado “principio de primacía de la realidad” Dicho principio, de acuerdo con el maestro uruguayo Américo Plá Rodríguez, importa que “en caso de discordancia entre lo que ocurre en la práctica y lo que surge de los documentos o acuerdos suscritos entre las partes, debe otorgarse preferencia a lo primero, es decir, a lo que sucede en el terreno de los hechos.[1]
3. Ahora bien, para aplicar el principio de primacía de la realidad con el objeto de determinar la existencia de una relación laboral, es preciso tener en cuenta que la misma presupone la existencia de tres elementos esenciales, a saber, los siguientes:
· Prestación personal: según Sanguinetti[2], la prestación de servicios es la obligación del trabajador de poner a disposición del empleador su propia actividad laborativa (operae), la que es inseparable de su personalidad y no resultado de de su aplicación (opus) que se independice de esta.
· Remuneración: atendiendo al carácter oneroso del contrato de trabajo, podemos definir la remuneración como la obligación del empleador de abonar al trabajador una contraprestación, generalmente en dinero, a cambio de la actividad que este pone a su disposición.
· Subordinación: es un vínculo jurídico entre el empleador y el trabajador, en virtud del cual el primero ofrece su actividad al segundo y le confiere el poder de conducirla. Sujeción, por un lado, y dirección, por otro, son los dos aspectos centrales del concepto. El elemento determinante de la laboralidad es, sin duda, la subordinación.
4. Entonces, cuando estamos frente a una relación contractual en la cual encontramos estos tres elementos, podremos concluir, en aplicación del citado principio, que es de naturaleza laboral, independientemente de la denominación que tenga.
Aplicar el principio de primacía de la realidad para evidenciar la existencia de un vínculo laboral con el Estado.
5. Sabemos que a efectos de las necesidades de las instituciones públicas y a fin de evitar los impedimentos presupuestales, en torno a la contratación y el nombramiento de personal, las entidades Estatales han contratado trabajadores bajo contratos de SNP, hoy CAS, argumentando la inexistencia de relación laboral.
Ante dicha situación, mucho personal contratado mediante SNP esperaba el fin de su vínculo laboral para demandar a su ex empleador con el fin de obtener el pago de los beneficios sociales, demandas que han sido declaradas a favor del trabajador. Podemos citar ejecutorias de la Corte Suprema recaídas en las Casaciones Nº 963-2004-Lima, 2169-2003 Lima y 2440-2003-Lima, en las que se amparó las demandas y se dispuso el pago de beneficios sociales a los demandantes.
Ahora, el sumo intérprete de la Constitución ha declarado una serie de demandas a favor de los trabajadores, contratados en la modalidad de SNP. Para tal efecto los demandantes acreditaban la existencia de la relación laboral, probando la subordinación, a manera de ejemplo podemos citar las siguientes sentencias: Nº 0991-2000-AA/TC, 2387-2002-AA/TC, 0833-2004-AA/TC, 1944-2002-AA/TC y 03710-2005-PA/TC, que decían: “en virtud del principio de primacía de la realidad –que es un elemento implícito en nuestro ordenamiento y, concretamente, impuesto por la propia naturaleza tuitiva de nuestra constitución- , según el cual en caso de discordia entre lo que ocurre en la realidad y lo que aparece en los documentos o contratos, debe otorgarse preferencia a lo que sucede y se aprecia en los hechos…” “la actividad desarrollada por el demandante, más allá de lo pactado en los contratos de servicios no personal es, esta impregnada de los elementos típicos de un contrato de trabajo”. Además existen muchos casos de reposición del personal que prestaba servicios mediante SNP.
6. Ahora, si hablamos de la aplicación del principio de primacía de la realidad y de la Ley 24041, en casos en los cuales los contratos señalaban la inexistencia de relación laboral (SNP), y por tanto la ilegalidad de los beneficios sociales que esta implica, que podríamos decir del régimen Cas, en el que explícitamente las labores son “no autónomas”, es decir, subordinadas, se les concede descanso de 15 días y otros, evidentemente que si aplicamos los principios del derecho laboral, debemos afirmar la existencia de vínculo laboral y por tanto aún más, la aplicación de la Ley 24041 para el personal bajo el RECAS, claro esta que aún necesitamos de la aplicación de la jurisprudencia que aplique el órgano jurisdiccional, siendo que existe posibilidad de que las demandas de reposición y pago de beneficios sociales sean amparadas.
[1] PLÁ RODRIGUEZ, Américo, Los principios del Derecho del trabajo, 3ª ed., Depalma, Bnos. Aires, 1998, p. 243.
[2] SANGUINETI RAYMOND, Wilfredo, El contrato de Locación de servicios. Frente al Derecho civil y al derecho del trabajo, Gaceta jurídica, Lima 2000, pp.112 y ss.

PRESCRIPCION DE PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO

PRESCRIPCION DE PROCESO ADMINISTRATIVO

Al respecto debemos señalar lo siguiente:

1. Debemos precisar que la prescripción es un instituto jurídico por el cual el transcurso del tiempo produce el efecto de consolidar las situaciones de hecho, permitiendo la extinción de los derechos o la adquisición de las cosas. En muchas ocasiones la utilización de la palabra prescripción en Derecho, mediante la cual se pierde el derecho de ejercer una acción por el transcurso del tiempo.
2. El Artículo 173 del D.S. Nº 005-90-PCM – Reglamento de la ley de Bases de la Carrera Administrativa establece que el Proceso Administrativo Disciplinario deberá iniciarse en el plazo no mayor de un año (1) contado desde el momento en que la autoridad competente tenga conocimiento de la comisión de la falta disciplinaria, bajo responsabilidad de la citada autoridad. En caso contrario se declara prescrita la acción.
Si la investigación fuera abierta pasado ese año, entonces el servidor público tiene el derecho de invocar la prescripción de la acción, y el titular de la entidad no tendrá otra salida jurídica que emitir una resolución reconociendo la prescripción de la capacidad investigadora y sancionadora de la administración pública.
Hacemos presente que al hablar de “autoridad competente” esta hace referencia al Titular del Pliego; es decir, en nuestro caso, el Rector de la Universidad.
3. En este sentido, resulta evidente que la ley establece la prescripción a favor de la seguridad jurídica de los administrados, haciendo necesario que el transcurso del plazo determine la imposibilidad de sancionar ilícitos administrativos.
Conforme a su naturaleza, ninguna autoridad puede plantear de oficio la prescripción, del mismo modo como no puede fundar sus decisiones en su propia desidia.
Por ello, la prescripción ganada se alega por el interesado y corresponde a la Administración resolverla sin abrir prueba, sin formar incidente o pedir otro acto de instrucción que la mera constatación de los plazos vencidos. Producido esta circunstancia, la autoridad sin más trámite debe pronunciarse.
4. Sobre el fondo del asunto, alegan los administrados, en resumen, que el Rector de esta casa Superior de estudios, tiene conocimiento expreso y documentado, mediante Oficio Nº 1091-2007-VRADM del 27 de diciembre del año 2007 por el cual la Vicerrectora Administrativa pone en su conocimiento el Informe Nº 01-2007-J-OECyC-UNJFSC, que a la fecha de instauración del Proceso Administrativo han transcurrido 01 año, 01 mes y 14 días y contraviene el art. 173 del D.S. Nº 005-90-PCM.
5. Que, es preciso determinar que la Instauración del Proceso Administrativo Disciplinario fue mediante Resolución Rectoral Nº 0120-2009-UH, fechada al 12 de febrero del 2009.
6. Ahora, a fin de resolver el presente asunto debemos dejar en claro qué día tomó conocimiento de los hechos el Rector, siendo que, en primer lugar tenemos la del 27.12.07, indicada en el numeral cinco del presente Informe, de otro lado, con fecha 29 de enero del 2008, la UNJFSC interpone denuncia ante la Fiscalía Provincial Penal de Turno, denuncia que es dirigida en contra de los servidores administrativos; lo que quiere decir que este día (29.01.08) el Titular del pliego tenía perfecto conocimiento de los hechos.
7. Por tanto, siendo de esta manera, el plazo de prescripción, en el peor de los casos mencionados, se inicia el 29.01.08 y vence el 29.01.09, y como quiera que el proceso administrativo disciplinario se instaura el 12 de febrero del mismo año, evidentemente el proceso prescribió.
8. De otro lado, mediante R.R. Nº 0260-2009-UH que sanciona a los solicitantes por faltas de la R.R. Nº 0120-2009-UH, las que fueron notificadas entre el 24 y 25 de marzo del presente año, la que no contiene pronunciamiento expreso sobre la solicitud de prescripción( a pesar de que fue solicitada el 20 de marzo); por lo que, a nuestro criterio, contendría vicio del acto administrativo, que causan su nulidad al existir contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias, y al contener defecto en sus requisitos de validez; por lo que deviene en Nula, siendo que esta debe ser declarada de Oficio por el Consejo Universitario.

EXTINCION DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS

NOS CONSULTAN: ¿CUÁL ES EL TRÁMITE A SEGUIR FRENTE A UNA RENUNCIA DE UN TRABAJADOR CONTRATADO BAJO MODALIDAD DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS? (RECAS).-
AL RESPECTO, DEBEMOS PRECISAR QUE ESTE RÉGIMEN SE ENCUENTRA REGULADO EN PERÚ POR EL DECRETO LEGISLATIVO 1057 Y SU REGLAMENTO EL DECRETO SUPREMO 075-2008-PCM, SIENDO PRECISAMENTE EL ÚLTIMO QUIEN EN SU ARTÍCULO 13 NOS INDICA LOS SUPUESTOS DE EXTINCIÓN DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS.
PARA LA CONSULTA ESPECÍFICA RECURRIMOS A LA CAUSAL 13.1. c) DEL MISMO, SIENDO QUE FRENTE A UNA DECISIÓN UNILATERAL DEL CONTRATADO. EXISTE UNA OBLIGACIÓN DE SU PARTE DE COMUNICAR A LA ENTIDAD CONTRATANTE CON 30 DÍAS NATURALES DE ANTICIPACIÓN. SIENDO QUE ESTE PLAZO PUEDE SER EXONERADO POR INICIATIVA DE LA ENTIDAD O A PEDIDO DEL CONTRATADO. EN ESTE ÚLTIMO CASO SE ENTIENDE ACEPTADA LA RENUNCIA Y LA EXONERACIÓN SI NO ES RECHAZADO POR ESCRITO DENTRO DEL TERCER DÍA NATURAL DE PRESENTADO.